Escribe Sebastián Sal.
Un gobierno que «habilitaría el consumo de todo» y a la vez criminaliza al que pretende salvar su poder adquisitivo como puede.

Como todas las mañanas, nos preparamos para desayunar y comenzar el día con la “cadena del desanimo” al leer los diarios o mirar la TV.

Sin embargo, esta vez no fueron los asesinatos, ni la inflación, ni la amenazas de Isis a nuestra señora Presidente lo que nos habrá llamado la atención sino las declaraciones del titular del Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, quien expresó que esa dependencia había enviado un proyecto de ley que busca terminar con la criminalización del consumo de drogas. Más concretamente dijo “Yo habilitaría el consumo de todo”. Sus dichos fueron respaldados por el Jefe de Gabinete.

Se justifica todo eso en el hecho de que no hay que castigar a los consumidores, que ellos son víctimas, que en la práctica no se penaliza el consumo, que en la calle nadie va preso por ir fumando un porro, que los fallos de la Corte Suprema son claros al respecto, que todo esto se da en el derecho a la intimidad y que hay que imitar lo que hizo Uruguay.

En realidad esta noticia no llamaría la atención por sí misma, ya que no es la primera vez que este tema sale a la luz, sino por contraste con otra que también apareció en los medios: el gobierno preocupado por la sostenida escalada del dólar blue habría comenzado a trabajar en una reforma del régimen penal cambiario, con la idea de agilizar el combate contra el mercado negro de divisas, cambiando la tipificación penal de las transacciones para hacerlas “más fáciles de reprimir”.

Se buscaría convertir la conducta en un delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales.
Esta información habría sido confirmada por el jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y sería compartida por algunos jueces en lo Penal Económico.

Y aquí dejamos de entender. Sin esforzarse mucho, si tomamos los mismos parámetros y fundamentos que con la droga, podríamos concluir que los que adquieren divisas extranjeras serían el equivalente a los consumidores; a los que no habría que castigar, porque ellos serían víctimas de una política económica que hunde la moneda local a través de un proceso inflacionario y valoriza la extranjera.

Además, en la práctica no se penaliza la compra minoritaria de divisas (no conozco caso alguno, tampoco de grandes compras), y nadie va preso por adquirir dólares o euros blue. Hay infinidades de fallos judiciales respecto de la propiedad privada y de que uno con ella puede hacer lo que se le ocurra. Y ni hablar de imitar lo que hacen nuestros hermanos uruguayos en relación a este tema: en Uruguay el cambio de divisas es libre y mal no les va.

Es decir, hoy por hoy parecería ser mucho más “sano” para la sociedad y para el Gobierno consumir drogas que comprar dólares. Unos verdes -marihuana- sí, y otros verdes -dólares- no.

Si se piensa que prohibir y condenar el consumo de la venta de drogas no ha dado resultado -ya que la gente consume igual- y que eso encarece el precio del producto ¿qué hace pensar que con otra mercadería -léase dólar, euro, libra- la misma conducta arrojaría un resultado diferente?

La consecuencia de “perseguir” y crear más penas y delitos cambiarios lo único que hará es potenciar a las divisas extranjeras. Cuanto más difícil sea conseguirlas, más caras van a ser. Es una simple regla de mercado.

Quizás sea mas fácil -y menos conflictivo- liberar al dólar (cuyo precio blue seguramente bajaría) e intentar controlar las drogas, utilizando alguna política criminal más adecuada.

(*) Sebastián Sal es Coordinador del Área Latinoamericana del “International Association of Anti-Corruption Authorities” -IAACA- y Socio de “Sal & Morchio” Abogados.

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