Por Sebastián Sal.

El frente económico, evidentemente, se le está complicando al Ejecutivo, y por eso ha decidido dar pelea en todos los campos, comenzando por el ideológico. Hace algunos días ordenó enviar al Senado un “paquete” de tres leyes que han tenido gran difusión: i) la creación de la COPREC (Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), equivalente a las actuales oficinas de Defensa al Consumidor; ii) la creación del fuero Federal de Relaciones de Consumo, con nuevos Juzgados y Cámaras, que instituye un Observatorio para controlar la formación de precios iii) la modificación de algunos artículos de la Ley de Abastecimiento. A estas se suma la relativa al cambio de sede del pago de la deuda, mejor conocida como “Proyecto de Pago Soberano Local”, que cambiará la sede de pago de bonos –y su jurisdicción– al país.

Todas ellas han sido fuertemente criticadas. El Senado las aprobó, en otra sesión escandalosa, con apoyo de los Senadores del FPV y UCR. Ahora es el turno de tratarlas en Diputados. Y aquí surgen varias tramas ocultas -o no tanto- en relación a su aprobación. Convalidar la COPREC, la fundación del nuevo Fuero de Relaciones de Consumo y del Observatorio de Precios, será apoyar la creación de un “festival” de cargos públicos, que obviamente en nada ayuda a reducir el gasto. Será cuestión de ver cómo votan los radicales para conocer el fin de la historia. Claramente, sería más barato y práctico mejorar los juzgados que ya existen. También se podría hacer aplicar correctamente las leyes que protegen a los consumidores, leyes que actualmente se encuentran en uso tales como la de Defensa al Consumidor, de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, etc.

Es decir, se posee mucha normativa específica sobre la que se podría hacer para defender al consumidor y a los usuarios. Asimismo, quizás sería bueno comenzar por transparentar la información nacional, como por ejemplo los datos del INDEC en cuanto a desempleo, inflación y actividad económica.

La modificación a la ley de Abastecimiento ha sido suficientemente comentada. Pero vale la pena recordar que la ley que se modifica, 20.680, representó el instrumento más patente de la impotencia gubernamental de ese entonces ante una economía que el propio Gobierno, desde el Estado, había engendrado, con el quiebre de las finanzas públicas y el consiguiente impacto en la economía privada. Utilizar eso hoy cuando no hay “emergencia económica”, cuando “no hay indigentes” -esto según el jefe de Gabinete- parecería algo esquizofrénico. O hay crisis o no, pero si sostenemos que no, no se entiende que se tomen medidas como si se estuviera en ese estado. Nadie toma un antipirético a menos que tenga fiebre.

La cuestión aquí -más allá del análisis puntual de cada una de las modificaciones- es que en lugar de modificar la Ley de Abastecimiento, ésta debería ser derogada, ya que es una ley claramente inconstitucional y una herramienta que atrasa 40 años, vinculada a un contexto económico especial que se daba en el país y que estaba descripto como una situación crítica. Entonces, ¿por qué la urgencia en aprobar esta modificación a la ley de Abastecimiento? En Venezuela, la llamada “ley de precios justos” tuvo resultados desastrosos, generando desabastecimiento, el cierre de numerosas empresas, la aparición de un enorme mercado negro y perjudicando totalmente la productividad y la inversión.  ¿No deberíamos aprender de las circunstancias, buenas y malas, vividas por otros? ¿Queremos sumar otra inclemencia a la ya maltratada situación argentina?

Por último, el cambio de domicilio de pago de deuda parece, al menos jurídicamente, difícil de digerir. Es una medida que nos va a alejar aún más del mundo. Ya todos tenemos en claro los riesgos de la cláusula RUFO, y la duda está en si ésta se aplica frente al cumplimiento de una sentencia -de por sí coercitiva- o no. Como sea, hay que “patear” el problema a 2015. Lo lógico es que la sentencia se cumpla. ¿Esto quiere decir que pagando? No siempre: se puede negociar y para eso hay que esperar solo cuatro meses.

Sres. Diputados, la mesa de la política esquizofrénica está servida.

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